2017 arroja un balance positivo en lo relacionado con el baremo de daños sanitarios, ya que éste ha sido el año en el que se ha reactivado el proyecto y se ha constituido el grupo de trabajo que permitirá ir avanzando en el mismo.
Aunque el baremo está más cerca de ser una realidad, como anuncia el titular del artículo de Diario Médico, ello no supone en modo alguno que vaya a ver la luz de forma inminente. Aunque se cumplieran las previsiones más optimistas respecto al final del trabajo de los grupos de expertos (lo que está por ver), quedaría luego el largo y tedioso trámite parlamentario por lo que la fecha prevista del parto, dicho sea sin ánimo peyorativo, se acercará muy probablemente más al final de la legislatura que al de este año.
El director médico de Promede, Luis Bernaldo de Quirós, considera que, aun así, no importa cuánto tarde el baremo en nacer; lo que importa es que recoja las diferencias que hacen de la valoración del daño sanitario algo completamente distinto de la valoración por daño accidental. Porque, aunque se parezcan (al fin y al cabo son hermanas), no son iguales, por más que eso pueda resultar poco conveniente para una de las partes interesadas.
El daño sanitario no ocurre como consecuencia de un accidente sino como resultado del intento de curación de una enfermedad, por más que pueda ser equivocado, ni ocurre generalmente sobre una persona sana sino sobre alguien previamente enfermo y, por tanto, deben tenerse en cuenta factores que, como el estado previo, influyen en la relación causal y en la magnitud del daño. Y así, en la mayor parte de los casos, el daño no puede considerarse derivado en su totalidad de la actuación médica, sino que debe entenderse como una pérdida de la oportunidad de conseguir un mejor resultado del tratamiento.
Por todo ello, nos consideramos legitimados para esperar que el baremo sanitario que está por nacer no sea un gemelo de su hermano mayor y que podamos distinguirlos con facilidad, a fin de que podamos aplicar cada uno de ellos según sus peculiaridades, en beneficio del cálculo de la indemnización que cada caso requiere en justicia.
