El Congreso Hispano-Luso de Valoración de Daño Corporal 2022, que ha tenido lugar en Galicia, ha contado con la participación de Promede. Nuestro director de innovación, Carlos Represas, moderó la mesa “Responsabilidad médica. Aplicación del Baremo”, que tenía como objetivo conocer la situación actual de la valoración de los daños corporales causados en supuestos de responsabilidad médica, contando para ello con la visión del juez, de abogados especializados, de peritos médicos expertos en la materia y representantes del mundo asegurador.

En la mesa, en la que también participaron Ángel Judel, magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña; Pilar Camps, fundadora y promotora del área de RSVDC de PROMEDE; María Manuel Veloso, jurista y profesora de la Facultade de Direito de Coimbra; Cristina Sánchez, letrada del departamento de responsabilidad civil profesional de AMA y especialista en Derecho Sanitario y Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia en el despacho De Lorenzo Abogados, se puso de manifiesto el incremento de las reclamaciones por responsabilidad médica que se están generando en la actualidad y el uso habitual del baremo de los accidentes de tráfico (Ley 35/2015). Sin embargo, los expertos mencionaron que existe una falta de consenso en cuanto a la utilización del baremo (Ley 35/2015 / Ley 34/2003), incluso sin tener como referencia la fecha de ocurrencia de los hechos, lo cual da lugar a situaciones indemnizatorias muy dispares.

Actualmente se han identificado supuestos que encajan difícilmente en los baremos actuales, sobre todo ciertos daños como la pérdida de oportunidad, el defecto de información, etc. En este contexto, durante la sesión hicieron hincapié en la necesidad de que exista un baremo para la valoración de los daños corporales resultantes de la responsabilidad médica, ya que un método tenido más en cuenta por operadores (peritos médicos, abogados y aseguradoras) que por el mundo de la justicia.

Otros de los temas abordados durante la sesión fue el incremento de las cuantías indemnizatorias con la utilización de la ley 35/2015 (en los casos de daños corporales más severos, como los de parálisis cerebral infantil) o la discusión sobre si los daños morales derivados de una mala praxis deben tener la misma cuantificación que los daños morales derivados de un accidente de circulación.

Ante estas casuísticas, durante la mesa se hicieron las siguientes propuestas:

1. Importancia de contar con un sistema de valoración propio de daños corporales resultantes de los procesos de responsabilidad médica, que contenga, entre otros, un baremo (lista de secuelas) adecuado a la materia.
2. La necesidad de una adecuada formación de los peritos médicos. Incluso, más allá de la formación para el inicio de la actividad, se ha insistido en la conveniencia de control periódico de la capacitación de los peritos, similar a lo que se hace en países como Portugal, Italia o Francia.
3. La necesidad de armonizar en los países de la Unión Europea los daños corporales que deben ser objeto de valoración en supuestos de responsabilidad.
4. Importancia de implementar sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en esta materia.

En el área médica existen conflictos en los que es necesario realizar una cuantificación de los daños y un cálculo de las indemnizaciones. Por ejemplo, si un paciente percibe una negligencia durante el proceso de un tratamiento médico, puede hacer una reclamación, ya que además de afectar a su salud podría tener consecuencias directas sobre su patrimonio, si interfiriera en su actividad profesional. Los actuarios tienen un papel clave ante demandas de lucro cesante y daño emergente, debido a que son los responsables de analizar el importe de los gastos que va a tener ese paciente en un futuro como consecuencia de su lesión y conocer cuáles son los ingresos que va a dejar de percibir por no poder realizar su actividad profesional habitual.

Los actuarios son los encargados de introducir la variable de probabilidad para analizar el perjuicio que se va a producir en un futuro y, para ello, en sus informes analizan hipótesis que van a condicionar su evolución (calculando la probabilidad de que sufran una enfermedad, haciendo valoraciones sobre la calidad de vida posterior, calculando el gasto sanitario u observando la probabilidad de fallecimiento y supervivencia, entre otros aspectos). La esperanza de vida es probablemente el concepto más relevante en el ámbito actuarial. Por ello, es fundamental incorporarlo en los cálculos utilizando una estimación adecuada; es decir, incluyendo una componente que nos permita obtener resultados condicionados a la probabilidad de que la persona esté viva en diferentes momentos del tiempo, lo cual puede ser relevante para pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o pensiones de invalidez o dependencia.

En PROMEDE somos conscientes de esta necesidad y, como complemento de la valoración médica, contamos con un área de informes actuariales en las que realizamos informes de reclamación de lucro cesante y daño emergente, tanto para los casos que entran dentro del Baremo de la Ley 35/2015 como para los casos que requieran una valoración individual.