La valoración del daño corporal y la disparidad de sentencias en las actuaciones médicas fueron los grandes temas a debate durante esta edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid.

Promede participó un año más con un taller de trabajo y la tertulia médico-jurídica. Ambas sesiones contaron con una alta participación. El primero llevaba como título “El uso de la gestión del dato para determinar las provisiones técnicas en la valoración del daño corporal” y durante el mismo se puso de manifiesto la necesidad de dotar de rigor y objetividad a las valoraciones médico-legales empleadas por las aseguradoras para gestionar de forma eficiente estas provisiones técnicas en siniestros con daños personales. Asimismo, se analizó la situación actual y las obligaciones de las aseguradoras con los organismos reguladores (Dirección General de Seguros, Administración Europea – EIOPA -, etc.) y se explicó que Promede ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (PROMEDE Algorithm) que ayuda a mejorar la objetividad de las provisiones técnicas en los accidentes de circulación.

Por otro lado, en la tertulia «La lotería judicial» se generó un interesante debate en torno a cómo la disparidad de sentencias en las decisiones judiciales se ve acentuada en los casos de actuaciones médicas, lo que genera inseguridad y ello es debido no solo a la praxis médica sino también la variabilidad en el cálculo de las indemnizaciones. En este sentido, la mencionada mayor disparidad se debe a que las sentencias se basan fundamentalmente en el informe pericial médico y en la credibilidad que el perito ofrece, ya que el juez no conoce la ciencia médica y debe seguir la orientación de los peritos. En esta línea, los expertos señalaron que los jueces otorgan mucha importancia al informe ofrecido por los peritos, debido a que son las personas que cuentan con formación y experiencia (en su especialidad), entre otros aspectos. Durante la sesión se presentaron varias sentencias judiciales sobre actuaciones que, con un resultado final semejante, se han resuelto con indemnizaciones muy diferentes. Los ponentes expusieron su opinión sobre la causa de estas diferencias.

¡Os deseamos una feliz semana!

Los próximos 20 y 21 de octubre se celebrará la 28 edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, una cita de excelencia en el ámbito jurídico- sanitario que organiza de forma anual la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y en la que Promede, un año más, también estará presente.

El abordaje de la COVID-19 como enfermedad profesional y accidente de trabajo en el personal sanitario, la situación del sistema de receta privada electrónica o la formación bioética de los profesionales sanitarios en el contexto de la medicina personalizada de precisión son algunos de los temas que se abordarán durante las sesiones.

Asimismo, se pondrán sobre la mesa aspectos como la regulación del uso del cannabis con finalidad terapéutica, el big data en salud o el uso de la gestión del dato para determinar las previsiones técnicas en la valoración del daño corporal.

También serán objeto de debate la investigación con embriones o la Ley 41/2002, sobre la autonomía de paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Nosotros participaremos un año más en este Congreso con nuestra tertulia médico-jurídica y nuestro taller, dado que ambas sesiones tienen una excelente acogida entre los asistentes. Si queréis conocer un poco más acerca de los bloques temáticos, consultad aquí. Ampliaremos la información sobre los contenidos concretos cuando el programa esté más definido.

La prioridad durante la pandemia ha sido salvar vidas; sin embargo, los profesionales sanitarios, que se han situado en primera línea de actuación para frenar la pandemia, se han visto afectados con un alto porcentaje de contagios, ya que los medios de protección personal eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a los que estaban expuestos mientras desempeñaban su trabajo. Todo ello ha traído consigo multitud de reclamaciones, fundamentalmente por parte de entidades o colectivos, frente a las Administraciones sanitarias; reclamaciones, algunas de las cuales han sido ya resueltas -como atestiguan tres sentencias contra la Generalitat Valenciana- que constituyeron el punto de partida de la Tertulia Médico-Jurídica organizada por Promede y donde se ha analizado cuál es la responsabilidad que tienen las administraciones sanitarias en los contagios profesionales provocados durante la pandemia de la COVID-19.

En la sesión, abierta por Juan Abarca, consejero delegado de PROMEDE, ofrecieron su punto de vista César Tolosa, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Ricardo De Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; Antonio López, secretario general del Servicio Madrileño de Salud; Francisco Corpas, director de Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España; y Philippe Paul, director ejecutivo de Sham España. Además, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez fueron los encargados de inaugurar la jornada, en la que Manuel Moya, director de Docencia de Promede, introdujo las claves para el debate mediante la presentación de los datos disponibles más relevantes.

Tal como se ha puesto de manifiesto, no existe una ley que regule este tipo de crisis sanitarias, que sirviera de marco de referencia y evitara la judicialización que estamos viviendo actualmente sobrevenida a una gestión inadecuada. En este punto los expertos abogaron por crear un marco legislativo al respecto, ya que posiblemente vendrán otras crisis y aflorarán problemas similares.

La declaración de la COVID-19 como enfermedad profesional fue otro de los puntos más defendidos por los expertos durante la sesión, a pesar de que se plantearon dudas al respecto si, como parece, será una enfermedad que persistirá y que podrá asimilarse a una gripe. En cualquier caso, otros países del entorno como Italia y Francia sí cuentan con este reconocimiento que, si no existe en España es, según los expertos, por una clara falta de voluntad política. Sobre lo que se no se planteó discusión fue sobre el riesgo al que los profesionales estuvieron sometidos debido a la escasez de elementos de protección, lo que ha motivado las mencionadas reclamaciones y denuncias. 

Durante la sesión también se puso de manifiesto que la pandemia ha traído consigo un cambio en el estudio de la responsabilidad sanitaria ya que, mientras lo habitual era que los usuarios cursaran reclamaciones, ahora han sido los propios sanitarios los que las hacen frente a las Administración, en la mayoría de los casos como empleadora, rigiéndose por la vía laboral y amparándose en la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, esta no es la única vía de reclamación utilizada, como quedó de manifiesto porque ha habido también múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial.  

Aquí os dejamos el enlace al vídeo por si queréis verlo