La prioridad durante la pandemia ha sido salvar vidas; sin embargo, los profesionales sanitarios, que se han situado en primera línea de actuación para frenar la pandemia, se han visto afectados con un alto porcentaje de contagios, ya que los medios de protección personal eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a los que estaban expuestos mientras desempeñaban su trabajo. Todo ello ha traído consigo multitud de reclamaciones, fundamentalmente por parte de entidades o colectivos, frente a las Administraciones sanitarias; reclamaciones, algunas de las cuales han sido ya resueltas -como atestiguan tres sentencias contra la Generalitat Valenciana- que constituyeron el punto de partida de la Tertulia Médico-Jurídica organizada por Promede y donde se ha analizado cuál es la responsabilidad que tienen las administraciones sanitarias en los contagios profesionales provocados durante la pandemia de la COVID-19.

En la sesión, abierta por Juan Abarca, consejero delegado de PROMEDE, ofrecieron su punto de vista César Tolosa, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Ricardo De Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; Antonio López, secretario general del Servicio Madrileño de Salud; Francisco Corpas, director de Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España; y Philippe Paul, director ejecutivo de Sham España. Además, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez fueron los encargados de inaugurar la jornada, en la que Manuel Moya, director de Docencia de Promede, introdujo las claves para el debate mediante la presentación de los datos disponibles más relevantes.

Tal como se ha puesto de manifiesto, no existe una ley que regule este tipo de crisis sanitarias, que sirviera de marco de referencia y evitara la judicialización que estamos viviendo actualmente sobrevenida a una gestión inadecuada. En este punto los expertos abogaron por crear un marco legislativo al respecto, ya que posiblemente vendrán otras crisis y aflorarán problemas similares.

La declaración de la COVID-19 como enfermedad profesional fue otro de los puntos más defendidos por los expertos durante la sesión, a pesar de que se plantearon dudas al respecto si, como parece, será una enfermedad que persistirá y que podrá asimilarse a una gripe. En cualquier caso, otros países del entorno como Italia y Francia sí cuentan con este reconocimiento que, si no existe en España es, según los expertos, por una clara falta de voluntad política. Sobre lo que se no se planteó discusión fue sobre el riesgo al que los profesionales estuvieron sometidos debido a la escasez de elementos de protección, lo que ha motivado las mencionadas reclamaciones y denuncias. 

Durante la sesión también se puso de manifiesto que la pandemia ha traído consigo un cambio en el estudio de la responsabilidad sanitaria ya que, mientras lo habitual era que los usuarios cursaran reclamaciones, ahora han sido los propios sanitarios los que las hacen frente a las Administración, en la mayoría de los casos como empleadora, rigiéndose por la vía laboral y amparándose en la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, esta no es la única vía de reclamación utilizada, como quedó de manifiesto porque ha habido también múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial.  

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