El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que el perito debe tener la mayor objetividad posible considerando tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes. Sin embargo, con frecuencia se observan informes periciales que llegan a conclusiones muy diferentes en la valoración de los hechos analizados o en la aplicación del baremo. Por ese motivo, la tertulia médico-jurídica organizada por Promede e inaugurada por su consejero delegado, Juan Abarca, bajo el título “Concepto actual de objetividad e imparcialidad del perito médico” puso de manifiesto que el perito médico ideal debe tener formación en pericia, derecho sanitario y conocimientos sanitarios. Asimismo, debe ser un buen comunicador para trasmitir sus conocimientos a los magistrados y ayudar a dar credibilidad a las sentencias, tal y como indicó durante la introducción el Dr. Manuel Moya, director de Docencia de la Compañía.

En la sesión moderada por la Dra. María Rodríguez de Alba, directora de Responsabilidad Sanitaria de Promede, participaron Dña. Ofelia de Lorenzo, socia directora del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y Presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS); D. Íñigo Cid-Luna, partner de DAC Beachcroft; D. Carlos Sardinero, fundador de Sardinero Abogados; el Dr. Carlos Represas, director de innovación y expedientes complejos de Promede, y Dña. Lucía Cristea, magistrada suplente en la sección Penal de la Audiencia Provincial de Baleares y presidenta de la sección de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Durante la misma se destacó la relevancia de valorar en qué contexto se va a realizar el peritaje y si existen responsabilidades desde el inicio, ya que hay diferencias entre la realización de los informes en función del uso que se les vaya a dar.

Asimismo, se explicó que lo esperable es que exista objetividad e imparcialidad en la actuación de un perito, además, de que se realice un informe útil y aclaratorio siguiendo las normas deontológicas y legales. En este sentido, los expertos indicaron que, aunque hay que ser objetivo y coherente asumiendo las guías, en ocasiones hay que romper los protocolos y aplicarlas con lógica adecuándolo a las circunstancias de un paciente concreto. Por último, hicieron hincapié en la importancia de huir de prejuicios, ya que en ocasiones parece que hay falta de objetividad en un informe y, sin embargo, es que hay sesgos cognitivos inconscientes en todo lo que implica ese informe pericial.

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La Ley 35/2015 introduce la necesidad de realizar cálculos actuariales para valorar los perjuicios patrimoniales, tanto en lesiones temporales, como en secuelas o en casos de fallecimiento. Por eso, en las guías de buenas prácticas se pone de manifiesto la necesidad de emitir un informe actuarial realizado por un actuario para justificar el derecho del perjudicado.  

Pero ¿qué contempla este informe? es un documento en el que se recoge la proyección de distintos aspectos económicos que van a condicionar la evolución de un determinado hecho (así, por ejemplo, se analiza la probabilidad de que una persona padezca una enfermedad, cómo será su calidad de vida a posteriori y observando las posibilidades de que sobreviva o fallezca, entre otros parámetros). Además, estos informes deben ser realizados por actuarios, que son los profesionales que se encargar de evaluar el riesgo a través de modelos matemáticos en campos como el asegurador, banca o salud, entre otros.

Por otro lado, es importante conocer que los informes actuariales pueden ser utilizados en varias situaciones. Por ejemplo, para asesorar a departamentos técnicos de entidades aseguradoras, calcular los riesgos asociados a diferentes tipos de empresas y su potencial cobertura o para justificar la indemnización por lucro cesante o daño emergente dentro de una peritación judicial. Sin duda, son informes que aportan ética a las operaciones y financieras y ayudan a homogeneizar el cálculo de las mismas.

En PROMEDE somos conscientes de la importancia de contar con expertos en estos temas y, como complemento de la valoración médica, contamos con un departamento de informes actuariales (en el que están involucrados los mejores valoradores de daños corporales, rehabilitadores, ortoprotésicos o médicos especialistas) en el que realizamos informes para el cálculo del daño emergente y del lucro cesante, tanto para los casos en los que se pueda aplicar el baremo de forma automática, como para reclamaciones en las que se requiere formulación matemática actuarial individualizada (ingresos del lesionado superiores a 120.000 € o cobro de prestaciones públicas diferentes a las habituales)

¡Feliz fin de semana!

El Congreso Hispano-Luso de Valoración de Daño Corporal 2022, que ha tenido lugar en Galicia, ha contado con la participación de Promede. Nuestro director de innovación, Carlos Represas, moderó la mesa “Responsabilidad médica. Aplicación del Baremo”, que tenía como objetivo conocer la situación actual de la valoración de los daños corporales causados en supuestos de responsabilidad médica, contando para ello con la visión del juez, de abogados especializados, de peritos médicos expertos en la materia y representantes del mundo asegurador.

En la mesa, en la que también participaron Ángel Judel, magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña; Pilar Camps, fundadora y promotora del área de RSVDC de PROMEDE; María Manuel Veloso, jurista y profesora de la Facultade de Direito de Coimbra; Cristina Sánchez, letrada del departamento de responsabilidad civil profesional de AMA y especialista en Derecho Sanitario y Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia en el despacho De Lorenzo Abogados, se puso de manifiesto el incremento de las reclamaciones por responsabilidad médica que se están generando en la actualidad y el uso habitual del baremo de los accidentes de tráfico (Ley 35/2015). Sin embargo, los expertos mencionaron que existe una falta de consenso en cuanto a la utilización del baremo (Ley 35/2015 / Ley 34/2003), incluso sin tener como referencia la fecha de ocurrencia de los hechos, lo cual da lugar a situaciones indemnizatorias muy dispares.

Actualmente se han identificado supuestos que encajan difícilmente en los baremos actuales, sobre todo ciertos daños como la pérdida de oportunidad, el defecto de información, etc. En este contexto, durante la sesión hicieron hincapié en la necesidad de que exista un baremo para la valoración de los daños corporales resultantes de la responsabilidad médica, ya que un método tenido más en cuenta por operadores (peritos médicos, abogados y aseguradoras) que por el mundo de la justicia.

Otros de los temas abordados durante la sesión fue el incremento de las cuantías indemnizatorias con la utilización de la ley 35/2015 (en los casos de daños corporales más severos, como los de parálisis cerebral infantil) o la discusión sobre si los daños morales derivados de una mala praxis deben tener la misma cuantificación que los daños morales derivados de un accidente de circulación.

Ante estas casuísticas, durante la mesa se hicieron las siguientes propuestas:

1. Importancia de contar con un sistema de valoración propio de daños corporales resultantes de los procesos de responsabilidad médica, que contenga, entre otros, un baremo (lista de secuelas) adecuado a la materia.
2. La necesidad de una adecuada formación de los peritos médicos. Incluso, más allá de la formación para el inicio de la actividad, se ha insistido en la conveniencia de control periódico de la capacitación de los peritos, similar a lo que se hace en países como Portugal, Italia o Francia.
3. La necesidad de armonizar en los países de la Unión Europea los daños corporales que deben ser objeto de valoración en supuestos de responsabilidad.
4. Importancia de implementar sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en esta materia.

Los actuarios son profesionales que tienen como campo de conocimiento el sector asegurador, pero también pueden actuar en la evaluación del riesgo mediante el uso de modelos matemáticos en otros campos como puede ser la banca, la salud, las pensiones, etc. Su papel es fundamental, ya que se encargan de estimar el posible impacto económico y financiero que cualquier hecho que todavía no se ha producido puede tener sobre una persona física o jurídica. En este sentido, la Ley 35/2015 introduce la necesidad de realizar cálculos actuariales para valorar los perjuicios patrimoniales, tanto en lesiones temporales, como en secuelas o en casos de fallecimiento. De hecho, los informes actuariales recogen la proyección de distintos parámetros económicos que están sometidos a varias hipótesis que van a condicionar su evolución (probabilidad de fallecimiento, de invalidez en cualquiera de sus modalidades, de tipos de interés, de ingresos netos, etc).

Estos informes actuariales pueden ser utilizados en otros ámbitos como, por ejemplo, para calcular los pasivos laborales de las empresas que tengan obligación con sus empleados (jubilación, viudedad, invalidez, orfandad), comprobar la idoneidad de las cuantías indemnizatorias reclamadas en procesos judiciales o para justificar la indemnización por lucro cesante o daño emergente dentro de una peritación judicial.

Para Rosa Martínez de Cal, coordinadora del departamento de informes actuariales de Promede, este tipo de documentos tienen gran relevancia, ya que “confieren una mayor ética a las operaciones financieras puesto que la economía suele presentar comportamientos guiados por intereses y permiten homogeneizar el cálculo de las indemnizaciones, ajustando los parámetros para que no haya enriquecimiento injusto por ninguna de las partes. Asimismo, permiten dotar de mayor rigor financiero la estimación de la cuantía de la indemnización sobre todo en el caso de grandes lesionados y proporcionar una información fiable y ajustada sobre las obligaciones económicas de las empresas con sus trabajadores”.

Seguiremos informando…