La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un gran impacto económico y social para la población española. Además, ha evidenciado que nuestro sistema legal todavía no está preparado para la gestión de pandemias porque falta un marco ético y jurídico. Sobre esta premisa giró la mesa redonda celebrada hace unas semanas en el marco del II Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español-Invertia, bajo el título “Las lecciones de la Covid-19”, en la que participó Rosa Martínez de Cal, coordinadora del departamento de informes de lucro cesante de Promede, junto con Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, Yolanda Aguilar, directora de la Plataforma Redes, y Ofelia de Lorenzo, directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
Además de las propias secuelas originadas por la pandemia de la COVID-19, hay que tener en cuenta la necesidad de lidiar con un aumento de los conflictos en el ámbito ético y legal. En este sentido, cobra especial relevancia el papel de los actuarios para la cuantificación de los daños y el cálculo de las indemnizaciones. La coordinadora del departamento de informes de lucro cesante de Promede aseguró durante la sesión que es fundamental contar con datos tratados de los pacientes para dar respuesta a la parte legal y poder cuantificar el daño real que se pueda llevar a cabo. En esta línea, explicó que el sector actuarial puede ayudar para que haya una unión entre el sistema sanitario, sus agentes y los pacientes y tener un papel relevante ante demandas de lucro cesante y daño emergente (por ejemplo, ante casos de personas que generan menos ingresos por cuestiones médicas o una mala praxis).
A modo de ejemplo, Rosa Martínez de Cal, señaló que la vacunación podría modificar la cuantificación de riesgos según se comporte la situación. “Si se produce un efecto beneficioso de la vacunación esto impactará directamente en la salud -al tener un riesgo menor y una mayor esperanza de vida-“.
Durante la sesión quedó patente que, con motivo de la COVID-19, han aumentado las reclamaciones en distintos ámbitos. Por ese motivo, se debatió sobre la posibilidad y conveniencia de resolver los conflictos evitando acudir a la vía judicial. La mediación en este tipo de casos busca crear espacios de diálogo, con la ayuda de una persona imparcial e independiente, para ayudar al entendimiento entre ambas partes, ahorrando costes y disminuyendo el tiempo en su conclusión.
