El pasado 23 de julio, y dentro de las jornadas que realiza periódicamente de manera presencial, PROMEDE ha organizado la tertulia médico-jurídica online «La pericia médica en reclamación por la COVID-19”. Nuestra directora de Responsabilidad Sanitaria, María Rodríguez de Alba, hizo una introducción en la que habló de la pandemia de la COVID-19 y de la etapa post pandemia que traerá consigo numerosas reclamaciones contra los profesionales sanitarios, la Administración Pública o en el ámbito de la jurisdicción laboral por no tomar medidas efectivas para la prevención de la infección, por errores o negligencias en pacientes con COVID-19, por empeoramiento de enfermedades preexistentes, por falta de atención sanitaria por sobrecarga del sistema o por no tomar las medidas necesarias para evitar el contagio en el personal sanitario y no poner a su disposición los equipos de prevención adecuados, entre otros aspectos. Para Manuel Moya, director de docencia de Promede, “todas estas circunstancias van a dar trabajo en lo que se refiere a la peritación médica. Sin embargo, la resolución de estos problemas no está clara. Por eso, hemos decidido organizar esta sesión para aportar un poco de luz desde todo lo que se puede hacer desde la pericia”.

En esta tertulia también han participado de Elena Muñez Rubio, médico Adjunto de Medicina Interna de la Unidad de Infecciosas del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda; Ofelia de Lorenzo, directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados; Eugenio Laborda Calvo, jefe del Departamento de Asesoría Médica de A.M.A; y Carlos Sardinero, fundador del Despacho Sardinero Abogados.

Los expertos señalaron que la COVID-19 es una enfermedad nueva en la que no existen protocolos previos de actuación y ello ha dado lugar a dificultades en el diagnóstico, problemas en el tratamiento, aislamiento de enfermos y desabastecimiento y falta de cuidados a enfermos de residencias de ancianos. Todo ello supone que puedan ser necesarios peritajes médicos para evaluar la pérdida de oportunidad, la valoración del daño corporal o la praxis médica, indicando si es o no acorde con la lex artis.

A modo de ejemplo, explicaron que ha existido una pérdida de oportunidad en los ancianos de residencias y que se pueden requerir responsabilidades en lo que respecta a la asistencia sanitaria, ya que ha habido restricciones de visitas y aislamiento de enfermos con el correspondiente deterioro de la atención y asistencia a terminales sin adecuados cuidados. Por otro lado, afirmaron que han existido muchos problemas derivados de los tratamientos utilizados o de racionalización de recursos como consecuencia de la avalancha de enfermos y problemas de abastecimiento con determinados tratamientos. Todo ello augura un número de reclamaciones en estos campos que es fundamental personalizar y estudiar de forma detallada por un perito médico.

Por otro lado, hicieron especial hincapié en las denuncias que pueden llegar por problemas de responsabilidad médica en lo que respecta a la falta de prevención de riesgos laborales, la atención en el cuidado de ancianos de residencias o por la asistencia realizada a través de herramientas de telemedicina. Asimismo, han asegurado que habrá pocas reclamaciones contra los sanitarios debido a la buena imagen que tienen. Por eso, en estos casos puede ser muy útil recurrir a la resolución extrajudicial de conflictos.

Los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, en los que las partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo, con la ayuda de una persona imparcial e independiente, se están convirtiendo en una alternativa idónea para evitar conflictos en el ámbito sanitario, dejando al margen la esfera judicial. Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora y responsable del Área Contenciosa en el despacho De Lorenzo Abogados, que participará mañana en la tertulia jurídico-médica “La pericia médica en reclamación por la COVID-19”, hoy nos habla sobre la necesidad de facilitar al sector sanitario métodos eficaces de solución extrajudicial de conflictos reduciendo la creciente litigiosidad.

Hemos visto que recientemente se ha puesto en marcha la plataforma REDES, ¿podría explicarnos por qué se crea esta plataforma y qué procesos quiere abarcar?

La PLATAFORMA REDES nace como fruto del acuerdo suscrito entre las entidades PROMEDE y DE LORENZO ABOGADOS, ante el convencimiento de la necesidad de implementación de métodos alternativos de solución extrajudicial de conflictos en el sector sanitario como solución para mitigar la creciente litigiosidad, al igual que resulta una alternativa beneficiosa tanto para pacientes que ven satisfecha su reclamación como profesionales sanitarios y el sector sanitario en general.

REDES, efectivamente lleva en funcionamiento desde el año 2019, desde hace relativamente poco tiempo, no obstante, el proyecto nace como consecuencia de la experiencia adquirida en dos proyectos pioneros en el sector sanitario que en la actualidad siguen en funcionamiento.

Por un lado, en la sanidad privada con la puesta en marcha desde el año 2014 con la Unidad Jurídica de Intermediación (UJI) de HM Hospitales y en sanidad pública desde el 2017 con el diseño y desarrollo del Servicio de Coordinación de Conflictos (SCC) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

PLATAFORMA REDES, hoy por hoy, es la primera entidad jurídica española en Resolución extrajudicial de conflictos especializada en Derecho Sanitario, que ofrece servicios profesionales prestados por expertos en mediación, derecho sanitario y pericia médica

Con la pandemia de la COVID-19 se ha generado un alto volumen de reclamaciones de afectados. ¿Cree que se van a judicializar o crecerá una resolución extrajudicial de estos casos?

Esta pandemia ha conseguido volver a poner en valor la labor de nuestros profesionales sanitarios. El ciudadano ha sido consciente de las limitaciones de la ciencia y, sobre todo, de las carencias con las que han contado nuestros profesionales sanitarios. Se ha conseguido que, por parte de los ciudadanos a la hora de valorar el trabajo de los profesionales sanitarios, no solo se piense en el sanitario, sino también en el ser humano. Pero igualmente el dolor por la pérdida de un ser querido al igual que la falta de comprensión de cómo y por qué ha pasado, justificaría sin duda una reclamación en materia de responsabilidad profesional sanitaria.

Todo esto se traduce en un escenario propio para humanizar futuros conflictos jurídico-sanitarios y, sin duda, la forma de humanizar estos conflictos sanitarios es evitar la judicialización de los mismos mediante la introducción de soluciones alternativas de resolución de conflictos, como pueden ser la negociación sanitaria o mediación sanitaria.

¿Qué aporta la mediación a la hora de valorar el daño corporal en estos casos?

La especificidad del sector sanitario, en nuestra experiencia, exige necesariamente que cualquier método de solución extrajudicial de conflictos sea gestionada por un “tercero independiente” experto en Derecho Sanitario y Pericia Médica, que puedan ofrecer soluciones al conflicto, bien mediante mediación bien mediante negociación y, cuando proceda, propuesta indemnizatoria, es en ese aspecto donde adquiere un papel imprescindible la valoración del daño corporal.

¿Qué ventajas ofrece como alternativa a la judicialización de los procesos?

Los métodos alternativos de resolución de conflictos al margen de nuestros tribunales suponen la reducción de costes para todas las partes implicadas y la mejora de la relación clínica mediante la adopción de soluciones que huyen de los parámetros culpabilisticos tradicionales contribuyendo a la eliminación de prácticas de medicina defensiva, pero sobre todo humanizan el conflicto.

El fin último de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como puede ser la negociación sanitaria o la mediación sanitaria, es el mutuo entendimiento, escuchar y ser escuchados. Porque muchas veces tras una debida explicación, comprender y empatizar, ofrecer una disculpa y asumir una situación, ya por sí solo supone una victoria para ambas partes.

Durante el último fin de semana de junio los alumnos del Máster en valoración de #dañocorporal, pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria realizaron las pruebas relativas al módulo de valoración de daño corporal. En este sentido, tuvieron la posibilidad de realizar a través del Aula Virtual los casos prácticos planteados por la profesora Pilar Camps, que fueron corregidos directamente durante el desarrollo de la clase.

De esta manera han comenzado el periodo estival habiendo sido convocados de nuevo para el próximo mes de septiembre, donde seguirán adquiriendo destrezas y ampliando conocimientos en el campo del daño corporal, la pericia sanitaria o la resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria.

A partir del curso 2020/21 este máster se imparte conjuntamente con la Universidad San Pablo CEU como título propio. Actualmente se encuentra abierto el periodo de matriculación https://bit.ly/3gPNFKG

Seguiremos informando…

En PROMEDE trabajamos en un amplio abanico de áreas. Desde hace varios meses hemos incorporado dos nuevas líneas en las que desarrollamos todo nuestro potencial. Estamos muy comprometidos con la responsabilidad social corporativa (RSC) y la mejora continua de nuestros servicios. Por eso, pusimos en marcha un departamento de gestión de incidencias y prevención, denominado IMPROVE, que tiene como objetivo alcanzar la excelencia en nuestros servicios, profesionalizando la metodología de la gestión de sugerencias, quejas o incidencias, para encontrar soluciones y actuar en consecuencia, mejorando de esa forma la calidad y la eficiencia del servicio prestado.

Como complemento a la valoración médica, PROMEDE cuenta con un servicio de expertos actuarios que disponen de los conocimientos, experiencia y solvencia para la emisión de dictámenes periciales. A principios de 2020 abrimos el área de trabajo de Lucro cesante y daño emergente. En concreto, facilitamos dos tipos de servicios: por un lado, la elaboración de informes actuariales para el cálculo del Daño Emergente y del Lucro Cesante, tanto para ingresos inferiores a 120.000 €, como para cuantías superiores en las que se requiere formulación matemática actuarial individualizada. Por otro, preparamos informes actuariales para determinar la idoneidad de otros informes de reclamación de Lucro Cesante, Capitalización de prótesis u otras reclamaciones de Daño Emergente.

Como veis seguimos innovando y, además, prestamos los servicios que venimos haciendo desde hace años como es el caso de las áreas de responsabilidad sanitaria, valoración del daño corporal, Defensor del Asegurado y la Resolución Extrajudicial de Conflictos Sanitarios.

Seguiremos informando…


Por Yolanda Aguilar, directora de Plataforma Redes

La reanudación de los plazos administrativos y judiciales, que entran en vigor el 1 de junio y 4 de junio respectivamente, supone despertar del letargo las actuaciones administrativas y judiciales que, además, unido al incremento de la litigiosidad consecuencia de la ingente cantidad de reclamaciones que se presentarán por los pacientes afectados por Covid-19, puede provocar el colapso de la Administración y del Poder Judicial.

Este retraso implica una merma en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ya que la demora en la defensa de sus derechos e intereses legítimos provoca una pérdida de seguridad jurídica en un Estado de Derecho.

Para evitar esta situación, los sistemas alternativos de resolución de conflictos pueden ser una herramienta esencial en la desescalada administrativa y judicial.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la negociación o la mediación, son dos instrumentos esenciales para salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Recordemos que el Portal Europeo de e-justicia, en relación con la mediación indica que “fomentar el empleo de la mediación facilita la solución de conflictos y contribuye a evitar las preocupaciones y la pérdida de tiempo y dinero asociados a los pleitos judiciales, lo cual, a su vez, permite al ciudadano defender sus derechos con eficiencia. El número de conflictos que acaban ante los tribunales es cada vez mayor. Este fenómeno tiene dos consecuencias: no sólo se han alargado los plazos de espera hasta la resolución de los conflictos, sino que los costes judiciales han aumentado hasta tal punto que a menudo no guardan proporción con el valor económico del conflicto”.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, en países como el Reino Unido y Estados Unidos, tienen ratios de éxito elevadas y puede ser muy útiles en un escenario como el que nos encontramos en la actualidad.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos suponen la resolución rápida que permite que las partes elijan la solución a su problema. Otra particularidad relevante de la negociación y de la mediación es la voluntariedad para las partes y, por tanto, no están obligadas, como es lógico, a llegar a acuerdo porque puede ser que este finalmente resulte inviable.

Es importante destacar la necesidad de agilizar los trámites del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación; la Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Como indica la propia exposición de Motivos del citado Anteproyecto, esta nueva norma pretende la implantación definitiva de la mediación como sistema complementario de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes.

El concepto de mediación que protege esta Ley se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un tercero, del que se pretende una intervención activa y orientada a la solución de la controversia, a diferencia de otras figuras, como la conciliación, en la que la participación de un tercero se produce con una menor implicación, o el arbitraje en el que ese tercero tiene capacidad resolutoria que se impone a la voluntad de las partes, el laudo produce efectos de cosa juzgada como una sentencia judicial.

Sería muy aconsejable y beneficioso como requisito previo a la admisión de la demanda haber intentado una solución extrajudicial previa.

No dejemos perder esta oportunidad de demostrar a los ciudadanos que contamos con una Administración fuerte y capaz de resolver los conflictos de sus administrados de forma eficiente y eficaz en tiempos de crisis. Esperemos a la inminente presentación del Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal en el que, entre otras medidas, hay una propuesta valiente por los sistemas alternativos de resolución de conflictos.

Ayer tuvo lugar en Madrid el Acto de Graduación de la 1ª promoción del Máster de valoración de daño corporal, pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria, desarrollado e impartido conjuntamente por PROMEDE, la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y la Sociedad Española de Valoración de Daño Corporal (SEVDC).Un acto que sirvió para poner de manifiesto el déficit de peritos médicos profesionales que existe en nuestro país: se estima que faltan unos 400 para poder cubrir las necesidades generadas por el número de reclamaciones que en los últimos años ha aumentado exponencialmente. Y lo ha hecho por la complejidad creciente de la actuación médica, por la relación médico-paciente, por el aumento de las expectativas de familiares y paciente, por la negación de la muerte, por una información inadecuada o escasa y por la judicialización de los conflictos. Ese déficit trae consigo además una importante sobrecarga de trabajo para los peritos y una escasa profesionalidad en un alto número de informes que repercuten en los resultados finales de los casos haciendo que la decisión final administrativa o judicial no sea la esperada, como también quedó de manifiesto durante la jornada.

El acto contó con la presencia del Dr. Duarte Nuno Pessoa Vieira, padrino de esta primera promoción, que impartió la lección magistral Medicina y Derechos Humanos: la investigación de tortura y malos tratos y expuso la importancia de la valoración de daño corporal para el esclarecimiento de casos de tortura, en una estremecedora presentación de su participación en las misiones del Relator Especial de la ONU para la tortura.

Durante la sesión, los directores del Máster -Juan Abarca, consejero delegado de PROMEDE, Ricardo De Lorenzo, presidente de la AEDS, y Eugenio Laborda, presidente de la SEVDC, destacaron la importancia de la formación en pericia médica y la relevancia de que la titulación cubra las tres áreas -valoración del daño corporal, pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria- porque es el único posgrado de estas características y son materias de especial importancia para una formación global.

Junto a los diplomas acreditativos, se hizo entrega del Premio al Mejor Trabajo de fin de Máster a Diego Medina López y se dio la bienvenida a los alumnos de la 2ª promoción, cuyas clases han dado comienzo hace unas semanas.

“El lucro cesante es complejo porque está basado en expectativas a futuro que son cambiantes y, además, requiere la generación de hipótesis”

Arrancamos 2020 con el anuncio de la apertura de una nueva área de trabajo en PROMEDE, que da respuesta a una demanda creciente de nuestros clientes. Estamos hablando de los informes de lucro cesante, en los que ya estamos trabajando, y de cuyo departamento se ha hecho cargo Rosa Martínez, quien en este post explica algunos detalles sobre la importancia de estos estudios y del trabajo del profesional actuario para la cuantificación de indemnizaciones: la intervención de expertos cualificados – asegura- siempre proporciona seguridad y rigor en cualquier ámbito y más en el cálculo de indemnizaciones por accidentes.

 

 

¿Es cierto que la nueva Ley que regula las indemnizaciones por accidentes de tráfico hace necesarios los estudios actuariales para valorar algunos casos?

Efectivamente, la reforma del Baremo ha profesionalizado el sector y ha aportado mayor rigor al cálculo de las indemnizaciones. Por un lado, recoge la mayoría de las consecuencias médicas y económicas derivadas de un accidente asignando el valor económico correspondiente de forma homogénea y transparente; por otro lado, aquellos aspectos que puedan salirse del marco baremado tienen que ser peritados por un actuario que valore el lucro cesante y el daño emergente.

Tal y como establece el preámbulo de la Ley 35/2014 de 22 de septiembre, su finalidad es “lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente”. Es ahí donde aparecen los conceptos de daño emergente y de lucro cesante, representando la pérdida económica a la que se enfrentará el perjudicado o sus familiares en los años posteriores.

La complejidad del lucro cesante, conformado por expectativas que se producirían a futuro y que son cambiantes y dinámicas, requiere la determinación de hipótesis económico-financieras y biométricas para ajustar con más precisión la indemnización correcta. Estas herramientas de cálculo son las que utilizamos los actuarios habitualmente.

Además de la Ley, otras dos herramientas nos ayudan a la hora de apoyarnos en material técnico para la valoración de las consecuencias económicas: el código de Buenas Prácticas, publicado por la Dirección General de Seguros, y las Bases Técnicas Actuariales, publicadas por el Instituto de Actuarios Españoles.

¿Nos puede explicar algunos ejemplos?

Suelen ser casos complejos en los que se requiere un tratamiento individual de las circunstancias, bien sea por su nivel de ingresos, por la estructura familiar o por las secuelas derivadas del accidente. En concreto, se utiliza el cálculo actuarial en aquellas situaciones en las que haya que proyectar importes económicos diferidos en el tiempo que tengan que ser cuantificados en el momento actual y cuya probabilidad intervenga de forma determinante (jubilación, fallecimiento, esperanza de vida).

O sea, ¿no sólo son necesarios para calcular el lucro cesante, sino que también para calcular el coste de futuras prótesis, por ejemplo?

Exactamente. Cuando se produce un siniestro, existen varias situaciones que se deben tener en cuenta a la hora de conseguir mantener la misma situación económica del afectado y/o su familia, como son los gastos de asistencia sanitaria futura (prótesis, órtesis, rehabilitación) o los gastos derivados de la pérdida de autonomía. Todo ello conforma el daño emergente.

Para poder estimar la cuantía actual de la indemnización de un hecho que va a tener lugar en el futuro, es necesario la intervención de un actuario.

Si ponemos el ejemplo de una prótesis, para poder establecer a fecha de hoy el importe de la indemnización que se va a generar por gastos que se producirán en el futuro (renovación periódica), no solo hay que tener en cuenta factores como el coste, sino también la edad del afectado, su esperanza de vida, la vida útil de la prótesis, los factores financieros de la operación, etc.

Esto es, un perito médico necesita contar con la intervención de un profesional actuarial que aplique las variables biométricas y financieras necesarias.

¿Es cierto que existe un interés tanto del legislador como de las asociaciones de víctimas en que estos estudios los hagan expertos cualificados?

La intervención de expertos cualificados siempre proporciona una mayor seguridad y rigor en cualquier ámbito, y más en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes. En ocasiones, las reclamaciones económicas de los perjudicados pueden ser distorsionadas y manipuladas por agentes externos que buscan el enriquecimiento, en lugar de la restitución de la situación similar a la anterior al siniestro.

La aplicación de la técnica actuarial a la casuística del lucro cesante y del daño emergente favorece la homogeneidad de criterios y la unificación del sistema de cálculo transparente y confiable.

El próximo día 29 de enero tendrá lugar el acto de graduación de la 1ª promoción del Máster en Valoración de daño corporal, Pericia médica y Resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria. Y en el acto, tendremos el honor de contar con la lección magistral del padrino de esta primera promoción, y uno de los expertos más reputados a nivel mundial en medicina legal y ciencias forenses, el doctor Duarte Nuno Vieira. Medicina y derechos humanos: la investigación de tortura y malos tratos será el tema que abordará en la sesión.

El doctor Duarte Nuno Vieira es profesor catedrático y director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, así como director del Instituto de Bioética de la misma facultad. Relator de la ONU, preside el Consejo Científico Consultivo del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Es además presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses. Durante su dilatada trayectoria profesional, asumió asimismo la presidencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portugal.

Su presencia y participación en este acto supone para la Asociación Española de Derecho Sanitario, la Sociedad Española de Valoración de Daño Corporal y PROMEDE, como entidades organizadoras del evento y del propio Máster, una oportunidad única para conocer de primera mano la valoración de la situación actual en esta área y los mecanismos o cambios normativos y estructurales necesarios desde el ámbito de la medicina para facilitar el cumplimiento de los derechos humanos. A pesar de que existe la obligación legal de prevenir, prohibir e investigar las situaciones de tortura, en la realidad existen prácticas generalizadas de tortura en muchas partes del mundo, tal como él mismo ha reconocido.

El doctor Duarte Nuno Vieira ha recibido 15 premios científicos en todo el mundo y 18 distinciones y títulos honoríficos por parte de medios de comunicación, sociedades científicas, universidades y otras entidades. En 2014 fue galardonado con el premio más prestigioso a nivel internacional en el ámbito de las ciencias forenses, el Douglas Lucas Award de la Academia Americana de Ciencias Forenses. Ha publicado más de 250 artículos en revistas científicas y es editor o co-editor de 8 libros, además de autor o co-autor de más de 40 capítulos en diferentes libros.

El pasado 4 de diciembre nuestra directora médica, la doctora María Rodríguez de Alba, participó en la jornada Responsabilidad civil médico-sanitaria en Ginecología organizada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y coordinada por el doctor Manuel Marcos, coordinador de Ginecología y Obstetricia de HM Hospitales.

El objetivo de la jornada era introducir el mundo de la responsabilidad profesional en el ámbito de la Ginecología. Nuestra directora médica impartió una sesión con una aproximación a los principios de la responsabilidad profesional del acto médico, haciendo hincapié en la necesidad de confeccionar una correcta historia clínica, fruto de una relación médico-paciente en la que la información precisa y comprensible juega un papel fundamental tanto a la hora de plantear procesos diagnóstico-terapéuticos como cuando hay que comunicar errores o complicaciones surgidas durante el proceso asistencial.

Por su parte, Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete De Lorenzo Abogados, fue el encargado de explicar la Ley de Autonomía del Paciente, mientras que Ofelia De Lorenzo, socia directora del Área Jurídico-Contenciosa del mismo bufete, se encargó de exponer las peculiaridades de la responsabilidad civil del ginecólogo, tema de especial interés para el aforo allí presente.

El doctor Cristóbal García, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico San Carlos, asumió la explicación de los distintos tipos de reclamación a los que puede enfrentarse el profesional sanitario; y Gloria Gálvez y Daniel Arnanz, ambos peritos y colaboradores de PROMEDE, compartieron con los asistentes sugerencias eminentemente prácticas en relación a cómo defenderse a través de la historia clínica y la valoración del daño corporal en ginecología.

¡Feliz semana!

El pasado 16 de noviembre nuestro director de Innovación, Carlos Represas, impartió la ponencia “La importancia de la Biomecánica del impacto en la valoración médica del latigazo cervical” en el Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica.

El objetivo de la misma era dar un poco de luz a un tema controvertido como son las lesiones cervicales leves en accidentes de tráfico. A pesar de que es una lesión de carácter leve, paradójicamente implica complejidad diagnóstica pericial cuando se pretende extrapolar los resultados al ámbito asegurador y judicial con el fin de rechazar reclamaciones por lesiones cervicales en colisiones a baja velocidad. En este sentido, para su estudio médico-legal es necesario conocer la intensidad del accidente.

Este tipo de estudio de las lesiones se ha puesto de manifiesto, sobre todo, desde la entrada en vigor de la Ley 35/2015 que regula las indemnizaciones por accidentes de tráfico en España. En su artículo 135 introduce la necesidad de una adecuada relación entre la intensidad del accidente y la lesión (traumatismo menor de columna vertebral), lo que ha llevado a una eclosión en los juzgados de informes “biomecánicos”. La biomecánica es una especialidad que estudia los efectos de las fuerzas sobre el cuerpo humano y se centra en los tejidos dañados. El fin de la misma es el estudio de la lesión, el mecanismo de la lesión y la tolerancia humana.

Durante la sesión se explicó la importancia de la biomecánica del impacto. El objetivo es proporcionar el contexto adecuado para entender el potencial lesivo de las fuerzas y/o aceleraciones aplicadas sobre los tejidos humanos, así como sus umbrales de tolerancia.

En la jornada se hizo hincapié además en la necesidad de que exista una mayor formación en este campo y una regulación técnica de los criterios de validez de dichos informes.