En PROMEDE apostamos por la formación para seguir aportando valor entre los profesionales del sector Esta semana realizaremos las primeras aulas en colaboración con el Centro de Zaragoza en el área de daños corporales de las cuales ofrecemos alguna información:

  • Biomecánica Forense: este curso busca transmitir de forma didáctica los conceptos básicos de esta disciplina de creciente interés para el sector asegurador. Su aplicación resulta primordial tanto para el análisis de los siniestros de baja intensidad, como para la verificación del uso adecuado de los sistemas de seguridad en los accidentados más graves. Está dirigido a gestores de siniestros de daños corporales.
  • Toxicología forense relacionada con tráfico: con esta aula se pretende transmitir a los asistentes los fundamentos teóricos de la influencia del alcohol y las drogas en la conducción de vehículos, a motor o no, y su relación con el origen y los resultados de los accidentes de tráfico. Asimismo, profundiza  en la interpretación de las analíticas de alcohol y drogas y en los informes toxicológicos que los gestores de siniestros de daños corporales se encuentran en su actividad profesional.
  • Predictibilidad secuelar en grandes lesionados- traumatismo craneoencefálico, lesionados medulares, politraumatizados: en estas sesiones se abordarán los últimos y más avanzados métodos científicos desarrollados para predecir la evolución de los grandes lesionados, tanto en lesiones temporales como en lesiones permanentes. En el curso se explicarán diferentes métodos, según el tipo de patología cuyas secuelas se quieran predecir, y se ofrecerán también interesantes recomendaciones para su aplicación práctica en la gestión de siniestros.
  • Ley 35/2015. Perjuicios patrimoniales: este curso busca mostrar la distinción entre conceptos jurídicos y médico-legales de los perjuicios patrimoniales por secuelas, así como exponer una metodología que permita la valoración de los conceptos que han de incorporar los informes médicos según la Ley 35/2015.

Dado el interés que han despertado, Promede y Centro Zaragoza van a promover la realización de nuevas sesiones sobre las que puede obtenerse más información aquí

Debido al creciente número de reclamaciones que se reciben por parte de distintas instituciones, es importante la formación y capacitación de los médicos para la realización de informes periciales. Por ello, del 28 al 31 de octubre Promede ofrece un curso online de pericia médica dirigido a diferentes profesionales sanitarios, en concreto a médicos de atención primaria y urgencias y especialistas de medicina interna. El objetivo de esta formación es que los médicos estén totalmente familiarizados con la realización de informes periciales y reciban las indicaciones legales necesarias para ratificarlos y elaborarlos.

El curso estará dividido en cuatro módulos, en los que se fusionará la práctica con los conocimientos teóricos. En el primero, se explicará el concepto de pericia médica, los tipos que existen en este campo, las características que debe tener el perito médico, además de todos los aspectos legales necesarios, entre otras cosas. En el segundo bloque, se abordará qué estructura debe tener un informe pericial y conceptos como el de pérdida de oportunidad.

En los últimos dos módulos se pondrán en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos y se elaborarán diferentes informes basados en supuestos reales culminando con el informe final que debe elaborar el participante para su evaluación y ratificación del curso.

Aquí se puede encontrar más información relativa al curso y la inscripción
https://promede.com/formacion-y-docencia/#cursopericia-mdica

¡Feliz semana!

El lucro cesante es, según indica el artículo 1106 del código civil, la ganancia que ha dejado de percibir un acreedor como consecuencia de un daño o perjuicio que se le ha causado. Se basa en la presunción de cómo hubieran transcurrido los hechos en el caso de que no hubiese existido un daño.

“Estamos hablando de un concepto complejo que está basado en expectativas a futuro que son cambiantes y, además, requiere la generación de hipótesis”. Así lo asegura Rosa Martínez, coordinadora del departamento de informes de lucro cesante de PROMEDE. De hecho, a la persona perjudicada no se le puede reclamar que contemple todas las ganancias esperadas, pero tampoco que no acredite nada certero.

Los informes periciales relacionados con daños y perjuicios suelen tener mucha información que es necesario analizar de forma adecuada. Es importante contar con un perito experto que pueda realizar este tipo de dictamen y conozca a la perfección la operativa de los tribunales. En PROMEDE somos conscientes de ello, por ello, contamos con un servicio de expertos actuarios que disponen de los conocimientos, experiencia y solvencia para la emisión de dictámenes periciales.

¿Qué debe aparecer en el informe pericial?

  • El informe pericial debe demostrar que estamos hablando de un hecho probado y debe contemplar el nexo causal entre el acto que ha causado un perjuicio y el beneficio que ha dejado de percibir la persona por la intervención de un tercero. En este aspecto, es importante demostrar el perjuicio del daño producido y, el beneficio perdido por esta circunstancia.
  • Se debe realizar una cuantificación del daño producido y el perjudicado debe aportar pruebas que confirmen que ese perjuicio ha sido consecuencia de un hecho determinado.

En PROMEDE estamos acreditados para preparar informes de reclamación y para elaborar informes actuariales de lucro cesante, tanto para ingresos inferiores a 120.000 €, como para cantidades superiores en las que se necesita una formulación matemática actuarial individualizada.

Mientras la prioridad ha sido salvar vidas, mejorar síntomas, evitar secuelas…en lo clínico, hay consecuencias de la pandemia originada por la COVID-19 más allá de las directamente relacionadas con la salud, que están generando (y seguirán haciéndolo en el futuro) múltiples conflictos en el ámbito ético y legal, un problema que los expertos han denominado ya pandemia jurídica. En torno a este término, que define con exactitud esas “otras consecuencias”, giró la mesa redonda celebrada en el marco del I Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español-Invertia, bajo el título Las fronteras de la lucha contra el coronavirus, en la que participó el Dr. Carlos Represas, director de Innovación de Promede, junto con Federico de Montalvo (Comité de Bioética de España), Raquel Murillo (Agrupación Mutual Aseguradora) y Ofelia de Lorenzo (Asociación Española de Derecho Sanitario).

El aluvión de reclamaciones generadas por la crisis hace a los expertos debatir sobre las carencias en el ámbito legislativo y las alternativas para que los conflictos se resuelvan de forma rápida y ajustada al derecho sanitario. El director de Innnovación de Promede aseguró durante la sesión que, a pesar de que puede haber múltiples tipos de reclamaciones, probablemente las más frecuentes estarán dirigidas contra los proveedores de servicios de salud y planteó algunos de los problemas que asistirán a estos procesos: en primer lugar, que cuando se aborden habrán pasado años y la percepción del daño habrá cambiado. Y, en segundo lugar, que los jueces piden a los peritos que expliquen los protocolos de tratamiento para comprobar si se han ajustado a lo correcto y, en este caso, en las fases iniciales de la pandemia prácticamente no existían protocolos porque se conocía poco sobre la enfermedad.

Ante esta situación, tal como concluía Carlos Represas, recomendaría buscar una fórmula que sirviera para indemnizar estos supuestos, como un seguro obligatorio o una ley específica, tipo la existente para las víctimas del terrorismo, que unida al tan necesitado baremo sanitario y todo ello contemplando los beneficios de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos de responsabilidad sanitaria pudiera dar respuesta a esta nueva pandemia jurídica. Destacó asimismo la importancia de dar voz a la medicina médico-científica en todos los procesos, aludiendo a la grieta existente entre la medicina clínica y la medicina administrativa, que provoca que en ocasiones tomen decisiones médicos alejados de la práctica clínica.

El debate dejó de manifiesto la importancia de dar seguridad a los pacientes (delimitando cuándo los problemas han venido derivados de una causa de fuerza mayor o cuando pueden haberse debido al colapso sanitario) y de trabajar en la homogeneización de protocolos dentro de una necesaria evolución del derecho sanitario. Igualmente quedó patente la necesidad de priorizar la salud pública, romper la barrera de lo público y lo privado y utilizar todos los recursos existentes, como la red de farmacias, mostrando los participantes de forma generalizada la deuda que toda la sociedad tiene con los sanitarios.

Cualquier persona puede ser víctima de pérdidas patrimoniales derivadas del incumplimiento de las obligaciones por terceros. Por ejemplo, las negligencias médicas además de afectar a la salud de un paciente pueden tener consecuencias directas sobre su patrimonio. Por eso, cuando se incumple un contrato o se causa un daño a un tercero, es preciso indemnizarlo. Esta indemnización puede contener dos elementos: el daño emergente y el lucro cesante. Ambos vienen definidos en el artículo 1.106 del Código Civil que establece que: “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”.

El daño emergente es la pérdida real, efectiva y acreditada que se produce tras una lesión. Es decir, está completamente demostrada su existencia y la indemnización corresponde a su valor económico. Por ejemplo, si un bien ha sido dañado, este valor sería el coste de reposición del mismo.

Por su parte, el lucro cesante correspondería a los ingresos o ganancias que se han dejado de obtener a causa de dicho daño. Se trata de un concepto difícilmente cuantificable puesto que consiste en la valoración económica de las pérdidas derivadas de ingresos que se van a dejar de obtener, lo que implica introducir una variable de probabilidad para analizar el perjuicio que se va a producir en un futuro.

Muchas veces es necesario realizar cálculos actuariales para valorar los perjuicios patrimoniales, tanto en lesiones temporales, como en secuelas o en casos de fallecimiento. En este sentido es necesario emitir un informe realizado por un actuario para justificar el derecho del perjudicado. En PROMEDE somos conscientes de esta necesidad y, por eso, hemos abierto este 2020 un área de actuación en este campo. A continuación, os detallamos los dos servicios que llevamos a cabo:

  • Elaboración de informes actuariales para el cálculo del Daño Emergente y del Lucro Cesante, tanto para ingresos inferiores a 120.000 €, como para cuantías superiores en las que se requiere formulación matemática actuarial individualizada.
  • Elaboración de informes actuariales para determinar la idoneidad de otros informes de reclamación de Lucro Cesante, Capitalización de prótesis u otras reclamaciones de Daño Emergente.

El pasado 23 de julio, y dentro de las jornadas que realiza periódicamente de manera presencial, PROMEDE ha organizado la tertulia médico-jurídica online «La pericia médica en reclamación por la COVID-19”. Nuestra directora de Responsabilidad Sanitaria, María Rodríguez de Alba, hizo una introducción en la que habló de la pandemia de la COVID-19 y de la etapa post pandemia que traerá consigo numerosas reclamaciones contra los profesionales sanitarios, la Administración Pública o en el ámbito de la jurisdicción laboral por no tomar medidas efectivas para la prevención de la infección, por errores o negligencias en pacientes con COVID-19, por empeoramiento de enfermedades preexistentes, por falta de atención sanitaria por sobrecarga del sistema o por no tomar las medidas necesarias para evitar el contagio en el personal sanitario y no poner a su disposición los equipos de prevención adecuados, entre otros aspectos. Para Manuel Moya, director de docencia de Promede, “todas estas circunstancias van a dar trabajo en lo que se refiere a la peritación médica. Sin embargo, la resolución de estos problemas no está clara. Por eso, hemos decidido organizar esta sesión para aportar un poco de luz desde todo lo que se puede hacer desde la pericia”.

En esta tertulia también han participado de Elena Muñez Rubio, médico Adjunto de Medicina Interna de la Unidad de Infecciosas del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda; Ofelia de Lorenzo, directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados; Eugenio Laborda Calvo, jefe del Departamento de Asesoría Médica de A.M.A; y Carlos Sardinero, fundador del Despacho Sardinero Abogados.

Los expertos señalaron que la COVID-19 es una enfermedad nueva en la que no existen protocolos previos de actuación y ello ha dado lugar a dificultades en el diagnóstico, problemas en el tratamiento, aislamiento de enfermos y desabastecimiento y falta de cuidados a enfermos de residencias de ancianos. Todo ello supone que puedan ser necesarios peritajes médicos para evaluar la pérdida de oportunidad, la valoración del daño corporal o la praxis médica, indicando si es o no acorde con la lex artis.

A modo de ejemplo, explicaron que ha existido una pérdida de oportunidad en los ancianos de residencias y que se pueden requerir responsabilidades en lo que respecta a la asistencia sanitaria, ya que ha habido restricciones de visitas y aislamiento de enfermos con el correspondiente deterioro de la atención y asistencia a terminales sin adecuados cuidados. Por otro lado, afirmaron que han existido muchos problemas derivados de los tratamientos utilizados o de racionalización de recursos como consecuencia de la avalancha de enfermos y problemas de abastecimiento con determinados tratamientos. Todo ello augura un número de reclamaciones en estos campos que es fundamental personalizar y estudiar de forma detallada por un perito médico.

Por otro lado, hicieron especial hincapié en las denuncias que pueden llegar por problemas de responsabilidad médica en lo que respecta a la falta de prevención de riesgos laborales, la atención en el cuidado de ancianos de residencias o por la asistencia realizada a través de herramientas de telemedicina. Asimismo, han asegurado que habrá pocas reclamaciones contra los sanitarios debido a la buena imagen que tienen. Por eso, en estos casos puede ser muy útil recurrir a la resolución extrajudicial de conflictos.

Los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, en los que las partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo, con la ayuda de una persona imparcial e independiente, se están convirtiendo en una alternativa idónea para evitar conflictos en el ámbito sanitario, dejando al margen la esfera judicial. Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora y responsable del Área Contenciosa en el despacho De Lorenzo Abogados, que participará mañana en la tertulia jurídico-médica “La pericia médica en reclamación por la COVID-19”, hoy nos habla sobre la necesidad de facilitar al sector sanitario métodos eficaces de solución extrajudicial de conflictos reduciendo la creciente litigiosidad.

Hemos visto que recientemente se ha puesto en marcha la plataforma REDES, ¿podría explicarnos por qué se crea esta plataforma y qué procesos quiere abarcar?

La PLATAFORMA REDES nace como fruto del acuerdo suscrito entre las entidades PROMEDE y DE LORENZO ABOGADOS, ante el convencimiento de la necesidad de implementación de métodos alternativos de solución extrajudicial de conflictos en el sector sanitario como solución para mitigar la creciente litigiosidad, al igual que resulta una alternativa beneficiosa tanto para pacientes que ven satisfecha su reclamación como profesionales sanitarios y el sector sanitario en general.

REDES, efectivamente lleva en funcionamiento desde el año 2019, desde hace relativamente poco tiempo, no obstante, el proyecto nace como consecuencia de la experiencia adquirida en dos proyectos pioneros en el sector sanitario que en la actualidad siguen en funcionamiento.

Por un lado, en la sanidad privada con la puesta en marcha desde el año 2014 con la Unidad Jurídica de Intermediación (UJI) de HM Hospitales y en sanidad pública desde el 2017 con el diseño y desarrollo del Servicio de Coordinación de Conflictos (SCC) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

PLATAFORMA REDES, hoy por hoy, es la primera entidad jurídica española en Resolución extrajudicial de conflictos especializada en Derecho Sanitario, que ofrece servicios profesionales prestados por expertos en mediación, derecho sanitario y pericia médica

Con la pandemia de la COVID-19 se ha generado un alto volumen de reclamaciones de afectados. ¿Cree que se van a judicializar o crecerá una resolución extrajudicial de estos casos?

Esta pandemia ha conseguido volver a poner en valor la labor de nuestros profesionales sanitarios. El ciudadano ha sido consciente de las limitaciones de la ciencia y, sobre todo, de las carencias con las que han contado nuestros profesionales sanitarios. Se ha conseguido que, por parte de los ciudadanos a la hora de valorar el trabajo de los profesionales sanitarios, no solo se piense en el sanitario, sino también en el ser humano. Pero igualmente el dolor por la pérdida de un ser querido al igual que la falta de comprensión de cómo y por qué ha pasado, justificaría sin duda una reclamación en materia de responsabilidad profesional sanitaria.

Todo esto se traduce en un escenario propio para humanizar futuros conflictos jurídico-sanitarios y, sin duda, la forma de humanizar estos conflictos sanitarios es evitar la judicialización de los mismos mediante la introducción de soluciones alternativas de resolución de conflictos, como pueden ser la negociación sanitaria o mediación sanitaria.

¿Qué aporta la mediación a la hora de valorar el daño corporal en estos casos?

La especificidad del sector sanitario, en nuestra experiencia, exige necesariamente que cualquier método de solución extrajudicial de conflictos sea gestionada por un “tercero independiente” experto en Derecho Sanitario y Pericia Médica, que puedan ofrecer soluciones al conflicto, bien mediante mediación bien mediante negociación y, cuando proceda, propuesta indemnizatoria, es en ese aspecto donde adquiere un papel imprescindible la valoración del daño corporal.

¿Qué ventajas ofrece como alternativa a la judicialización de los procesos?

Los métodos alternativos de resolución de conflictos al margen de nuestros tribunales suponen la reducción de costes para todas las partes implicadas y la mejora de la relación clínica mediante la adopción de soluciones que huyen de los parámetros culpabilisticos tradicionales contribuyendo a la eliminación de prácticas de medicina defensiva, pero sobre todo humanizan el conflicto.

El fin último de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como puede ser la negociación sanitaria o la mediación sanitaria, es el mutuo entendimiento, escuchar y ser escuchados. Porque muchas veces tras una debida explicación, comprender y empatizar, ofrecer una disculpa y asumir una situación, ya por sí solo supone una victoria para ambas partes.

Durante el último fin de semana de junio los alumnos del Máster en valoración de #dañocorporal, pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria realizaron las pruebas relativas al módulo de valoración de daño corporal. En este sentido, tuvieron la posibilidad de realizar a través del Aula Virtual los casos prácticos planteados por la profesora Pilar Camps, que fueron corregidos directamente durante el desarrollo de la clase.

De esta manera han comenzado el periodo estival habiendo sido convocados de nuevo para el próximo mes de septiembre, donde seguirán adquiriendo destrezas y ampliando conocimientos en el campo del daño corporal, la pericia sanitaria o la resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria.

A partir del curso 2020/21 este máster se imparte conjuntamente con la Universidad San Pablo CEU como título propio. Actualmente se encuentra abierto el periodo de matriculación https://bit.ly/3gPNFKG

Seguiremos informando…

En PROMEDE trabajamos en un amplio abanico de áreas. Desde hace varios meses hemos incorporado dos nuevas líneas en las que desarrollamos todo nuestro potencial. Estamos muy comprometidos con la responsabilidad social corporativa (RSC) y la mejora continua de nuestros servicios. Por eso, pusimos en marcha un departamento de gestión de incidencias y prevención, denominado IMPROVE, que tiene como objetivo alcanzar la excelencia en nuestros servicios, profesionalizando la metodología de la gestión de sugerencias, quejas o incidencias, para encontrar soluciones y actuar en consecuencia, mejorando de esa forma la calidad y la eficiencia del servicio prestado.

Como complemento a la valoración médica, PROMEDE cuenta con un servicio de expertos actuarios que disponen de los conocimientos, experiencia y solvencia para la emisión de dictámenes periciales. A principios de 2020 abrimos el área de trabajo de Lucro cesante y daño emergente. En concreto, facilitamos dos tipos de servicios: por un lado, la elaboración de informes actuariales para el cálculo del Daño Emergente y del Lucro Cesante, tanto para ingresos inferiores a 120.000 €, como para cuantías superiores en las que se requiere formulación matemática actuarial individualizada. Por otro, preparamos informes actuariales para determinar la idoneidad de otros informes de reclamación de Lucro Cesante, Capitalización de prótesis u otras reclamaciones de Daño Emergente.

Como veis seguimos innovando y, además, prestamos los servicios que venimos haciendo desde hace años como es el caso de las áreas de responsabilidad sanitaria, valoración del daño corporal, Defensor del Asegurado y la Resolución Extrajudicial de Conflictos Sanitarios.

Seguiremos informando…


Por Yolanda Aguilar, directora de Plataforma Redes

La reanudación de los plazos administrativos y judiciales, que entran en vigor el 1 de junio y 4 de junio respectivamente, supone despertar del letargo las actuaciones administrativas y judiciales que, además, unido al incremento de la litigiosidad consecuencia de la ingente cantidad de reclamaciones que se presentarán por los pacientes afectados por Covid-19, puede provocar el colapso de la Administración y del Poder Judicial.

Este retraso implica una merma en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ya que la demora en la defensa de sus derechos e intereses legítimos provoca una pérdida de seguridad jurídica en un Estado de Derecho.

Para evitar esta situación, los sistemas alternativos de resolución de conflictos pueden ser una herramienta esencial en la desescalada administrativa y judicial.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la negociación o la mediación, son dos instrumentos esenciales para salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Recordemos que el Portal Europeo de e-justicia, en relación con la mediación indica que “fomentar el empleo de la mediación facilita la solución de conflictos y contribuye a evitar las preocupaciones y la pérdida de tiempo y dinero asociados a los pleitos judiciales, lo cual, a su vez, permite al ciudadano defender sus derechos con eficiencia. El número de conflictos que acaban ante los tribunales es cada vez mayor. Este fenómeno tiene dos consecuencias: no sólo se han alargado los plazos de espera hasta la resolución de los conflictos, sino que los costes judiciales han aumentado hasta tal punto que a menudo no guardan proporción con el valor económico del conflicto”.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, en países como el Reino Unido y Estados Unidos, tienen ratios de éxito elevadas y puede ser muy útiles en un escenario como el que nos encontramos en la actualidad.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos suponen la resolución rápida que permite que las partes elijan la solución a su problema. Otra particularidad relevante de la negociación y de la mediación es la voluntariedad para las partes y, por tanto, no están obligadas, como es lógico, a llegar a acuerdo porque puede ser que este finalmente resulte inviable.

Es importante destacar la necesidad de agilizar los trámites del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación; la Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Como indica la propia exposición de Motivos del citado Anteproyecto, esta nueva norma pretende la implantación definitiva de la mediación como sistema complementario de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes.

El concepto de mediación que protege esta Ley se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un tercero, del que se pretende una intervención activa y orientada a la solución de la controversia, a diferencia de otras figuras, como la conciliación, en la que la participación de un tercero se produce con una menor implicación, o el arbitraje en el que ese tercero tiene capacidad resolutoria que se impone a la voluntad de las partes, el laudo produce efectos de cosa juzgada como una sentencia judicial.

Sería muy aconsejable y beneficioso como requisito previo a la admisión de la demanda haber intentado una solución extrajudicial previa.

No dejemos perder esta oportunidad de demostrar a los ciudadanos que contamos con una Administración fuerte y capaz de resolver los conflictos de sus administrados de forma eficiente y eficaz en tiempos de crisis. Esperemos a la inminente presentación del Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal en el que, entre otras medidas, hay una propuesta valiente por los sistemas alternativos de resolución de conflictos.