En el área médica existen conflictos en los que es necesario realizar una cuantificación de los daños y un cálculo de las indemnizaciones. Por ejemplo, si un paciente percibe una negligencia durante el proceso de un tratamiento médico, puede hacer una reclamación, ya que además de afectar a su salud podría tener consecuencias directas sobre su patrimonio, si interfiriera en su actividad profesional. Los actuarios tienen un papel clave ante demandas de lucro cesante y daño emergente, debido a que son los responsables de analizar el importe de los gastos que va a tener ese paciente en un futuro como consecuencia de su lesión y conocer cuáles son los ingresos que va a dejar de percibir por no poder realizar su actividad profesional habitual.

Los actuarios son los encargados de introducir la variable de probabilidad para analizar el perjuicio que se va a producir en un futuro y, para ello, en sus informes analizan hipótesis que van a condicionar su evolución (calculando la probabilidad de que sufran una enfermedad, haciendo valoraciones sobre la calidad de vida posterior, calculando el gasto sanitario u observando la probabilidad de fallecimiento y supervivencia, entre otros aspectos). La esperanza de vida es probablemente el concepto más relevante en el ámbito actuarial. Por ello, es fundamental incorporarlo en los cálculos utilizando una estimación adecuada; es decir, incluyendo una componente que nos permita obtener resultados condicionados a la probabilidad de que la persona esté viva en diferentes momentos del tiempo, lo cual puede ser relevante para pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o pensiones de invalidez o dependencia.

En PROMEDE somos conscientes de esta necesidad y, como complemento de la valoración médica, contamos con un área de informes actuariales en las que realizamos informes de reclamación de lucro cesante y daño emergente, tanto para los casos que entran dentro del Baremo de la Ley 35/2015 como para los casos que requieran una valoración individual.