Mientras la prioridad ha sido salvar vidas, mejorar síntomas, evitar secuelas…en lo clínico, hay consecuencias de la pandemia originada por la COVID-19 más allá de las directamente relacionadas con la salud, que están generando (y seguirán haciéndolo en el futuro) múltiples conflictos en el ámbito ético y legal, un problema que los expertos han denominado ya pandemia jurídica. En torno a este término, que define con exactitud esas “otras consecuencias”, giró la mesa redonda celebrada en el marco del I Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español-Invertia, bajo el título Las fronteras de la lucha contra el coronavirus, en la que participó el Dr. Carlos Represas, director de Innovación de Promede, junto con Federico de Montalvo (Comité de Bioética de España), Raquel Murillo (Agrupación Mutual Aseguradora) y Ofelia de Lorenzo (Asociación Española de Derecho Sanitario).

El aluvión de reclamaciones generadas por la crisis hace a los expertos debatir sobre las carencias en el ámbito legislativo y las alternativas para que los conflictos se resuelvan de forma rápida y ajustada al derecho sanitario. El director de Innnovación de Promede aseguró durante la sesión que, a pesar de que puede haber múltiples tipos de reclamaciones, probablemente las más frecuentes estarán dirigidas contra los proveedores de servicios de salud y planteó algunos de los problemas que asistirán a estos procesos: en primer lugar, que cuando se aborden habrán pasado años y la percepción del daño habrá cambiado. Y, en segundo lugar, que los jueces piden a los peritos que expliquen los protocolos de tratamiento para comprobar si se han ajustado a lo correcto y, en este caso, en las fases iniciales de la pandemia prácticamente no existían protocolos porque se conocía poco sobre la enfermedad.

Ante esta situación, tal como concluía Carlos Represas, recomendaría buscar una fórmula que sirviera para indemnizar estos supuestos, como un seguro obligatorio o una ley específica, tipo la existente para las víctimas del terrorismo, que unida al tan necesitado baremo sanitario y todo ello contemplando los beneficios de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos de responsabilidad sanitaria pudiera dar respuesta a esta nueva pandemia jurídica. Destacó asimismo la importancia de dar voz a la medicina médico-científica en todos los procesos, aludiendo a la grieta existente entre la medicina clínica y la medicina administrativa, que provoca que en ocasiones tomen decisiones médicos alejados de la práctica clínica.

El debate dejó de manifiesto la importancia de dar seguridad a los pacientes (delimitando cuándo los problemas han venido derivados de una causa de fuerza mayor o cuando pueden haberse debido al colapso sanitario) y de trabajar en la homogeneización de protocolos dentro de una necesaria evolución del derecho sanitario. Igualmente quedó patente la necesidad de priorizar la salud pública, romper la barrera de lo público y lo privado y utilizar todos los recursos existentes, como la red de farmacias, mostrando los participantes de forma generalizada la deuda que toda la sociedad tiene con los sanitarios.